Un grupo de extensión Aguas, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata realizó un análisis químico de siete perforaciones que abastecen de agua a 11 establecimientos educativos periurbanos y rurales de la zona oeste de General Pueyrredón, donde se detectó la presencia de diversos contaminantes.
Según señala el portal 0223, a pesar de que algunas normativas regulan su aplicación, desde hace tiempo el uso de productos fitosanitarios pone en alerta a distintas organizaciones ambientalistas por el avance de la fumigación indiscriminada que se registra en distintas zonas rurales de la región. Los agroquímicos están cada vez más presentes y un estudio permitió detectar la presencia de glifosato y otros contaminantes en cuatro escuelas del partido de General Pueyrredón.
De acurdo con las mediciones realizadas en un muestreo de pozos de agua que abastecen a las escuelas de, Educación Primaria Nº 8, del barrio El Coyunco; de Educación Primaria Nº 46; al Jardín de Infantes Nº 918 y a la Escuela de Educación Secundaria Nº 50, de la zona de La Peregrina, arrojaron niveles de glifosato por encima de los valores de cuantificación, sin detección de ácido aminometilfosfónico, su principal metabolito.
Además, los resultados obtenidos muestran también que las perforaciones que abastecen a la EEP Nº 46, JP Nº 918, EES Nº 50 y a la Escuela de Educación Primaria Nº 51, sobrepasan los niveles de referencia máximos de nitrato del Código Alimentario Argentino (CAA).
En base a los resultados obtenidos, el grupo encabezado por Mariana González, César Pegoraro, Leonardo Lupi y Manuel Irigoitia alertó que las perforaciones mencionadas "no pueden considerarse aptas para consumo humano" ya que los niveles de nitrato y el herbicida glifosato "representan un riesgo para la salud de la población" que la consume.
En General Puerredon, el Concejo Deliberante suspendió los artículos 19, 23, 27 y 28 de la Ordenanza 21.296 que permitían fumigar a menos de mil metros de casas y escuelas de asentamientos rurales. La medida fue ratificada en junio de 2019 por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que reclamó al Municipio que se dicte una sentencia definitiva. (InfoGEI)
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